Memoria en marcha

 Este domingo se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hubo movilizaciones multitudinarias en las plazas del país. El gobierno nacional difundió su línea negacionista con un video breve. Los días previos estuvieron marcados por amenazas anónimas a mujeres activistas por los derechos humanos.  

 

 Este 24 de marzo fue un día claro para la memoria, para encontrarse juntos en la plaza, para mirarse cara a cara, para marchar cuerpo a cuerpo, reconociéndose sobre la base de una verdad histórica, polifónica, dinámica. La efeméride se vivió con la intensidad necesaria ante un contexto preocupante. Hace algunos días, se conocieron las agresiones a Sabrina Bölke, una integrante de la agrupación HIJOS. La golpearon, ataron y abusaron. Dos personas entraron a su casa y, entre amenazas de muerte, le dijeron: “No hables nunca más, mirá lo que te pasa por hablar”. También, a fines de febrero, habían amenazado por teléfono a Teresa Laborde: “Zurda de mierda, si seguís adoctrinando sos boleta”. La película Argentina 1985 recreó el testimonio judicial que dio su madre, Adriana Calvo, quien luego fundó la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. De manera que a su hija Teresa, nacida en cautiverio en 1977, la invitan a las escuelas para charlar sobre el marco social y económico de la dictadura. 

 No menos inquietantes fueron las interferencias telefónicas que Estela de Carlotto tuvo cuando la entrevistaron los medios periodísticos este viernes para la convocatoria al acontecimiento. Durante un momento determinado, la comunicación era intervenida por sonidos que tapaban su voz para que ella cortara la llamada. Un último dato: los medios públicos, por primera vez, desde el regreso de la democracia, no cubrieron la marcha. A principios de marzo, el gobierno de Javier Milei suspendió el servicio periodístico de Télam. Tampoco informó la Televisión Pública, porque las nuevas autoridades cancelaron los noticieros del fin de semana. Además, faltaron los móviles de Radio Nacional porque se dio la orden de no transmitir el hecho, a pesar de que la fecha figuraba en el calendario oficial. En definitiva, sin transmisión, no hay registro; sin registro, no queda archivo público de los sucesos históricos. Sin embargo, las consignas y las instantáneas circularon por las redes sociales como si fueran la continuidad natural de las calles. 

 Ninguna de las agresiones sirvió para atemorizar a esa parte de la sociedad que se compromete con la historia. Por el contrario, las manifestaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia mostraron la impronta defensiva que también se activó en mayo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la Corte Suprema quiso beneficiar con reducción de penas a los genocidas juzgados. Otra vez, como respondiendo a un deber cívico, cientos de miles de personas, unificadas en la memoria colectiva, se movilizaron por las calles hacia las plazas del país. (En la ciudad de Santa Fe, la magnitud de la convocatoria fue récord.) Esta respuesta democrática de la multitud es sólida, porque el proceso de memoria, verdad y justicia se ha ido construyendo primero desde la sociedad civil y se mantuvo activo, incluso cuando hubo gobiernos adversos al reclamo. “Este no es un 24 cualquiera”, había dicho al mediodía Taty Almeida. Tuvo razón. La presencia en las calles y en las redes sociales tuvo el efecto expansivo de compartir encuentros simultáneos a la distancia, en distintos lugares, motivados por una causa común, a pesar de las diferencias.

Movilización en Santa Fe. Foto: Gabriela Carvalho

 Gobierna un presidente que, durante el debate electoral, en el bloque sobre Derechos Humanos, participó, con sus palabras, del mismo discurso que el genocida Emilio Massera. Por televisión, Javier Milei sostuvo que “durante los años 70, hubo una guerra y, en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos”. Además atacó, mediante una falacia, la tríada del consenso democrático: “Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad; no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753”. Esta última cifra (provisoria en su época) remite al informe de la CONADEP. La insistencia inútil también pertenece a quienes, escudándose tras la rigurosidad periodística, esgrimen una libreta de almacenero para contabilizar lo imposible, como lo hace Ceferino Reato en su minucioso libro ¡Viva la sangre! Disconformes, ni siquiera consideran el número que, desde 1975 hasta 1978, habían calculado los militares del Batallón 601: entre muertos y desaparecidos, ya se jactaban de unas 22.000 personas. El dato consta en uno de los documentos que dio a conocer el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, según informó Hugo Alconada Mon en 2006, cuando se conmemoraron treinta años del golpe de Estado. 

 

 En cualquier caso, el conteo de víctimas verificables implica desentenderse cínicamente del verdadero problema, como si en cada testimonio no latieran ya las dimensiones de un horror inconmensurable. Repitiendo una actitud matemática, se asemejan a quienes calculan la cuenta regresiva de las setenta veces siete para saber cuándo podrán dejar de perdonar al prójimo. En este sentido, acordar que fueron 30.000 (sea cual fuere el origen numérico) significa más que aceptar una cifra simbólica: se trata de compartir un concepto inquietante que es una verdad en sí, porque en su categórica imprecisión subyace el espectro de los cuerpos detenidos/desaparecidos, ahí permanece la ausencia física, ahí se borra la presencia de los nombres que faltan y se multiplica la incertidumbre de un último cero inamovible, aún cuando a esa serie pueda sumarse Jorge Julio López. Nada de este razonamiento, por supuesto, servirá para aplacar la insistencia negacionista de estos tiempos feroces, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel reclama la bien conocida “memoria completa”, antes de aceptar que hubo un plan sistemático de secuestro, tortura, exterminio y apropiación de personas.

 En esta línea ideológica se ubicó el spot oficial publicado por la Casa Rosada; un video desconectado de la fecha, apoyado en una retórica precaria, con una apología envejecida y vencida institucionalmente. El narrador principal, Juan Bautista Yofre, se descubre solo en la primera página de su currículum. En resumen, el discurso mileista, que le copia al de su vicepresidenta, que le copia al de los genocidas, busca reponer la falsa dicotomía de “los dos demonios” o de “los dos ángeles caídos” en la lógica de una guerra, como propone el hablador Luis Labraña y refuerza María Fernanda Viola. Acaso lo único atendible de esta postura discursiva es el dolor de la víctimas de la violencia política de las organizaciones guerrilleras. En la víspera, La Garganta Poderosa difundió las palabras del periodista Eduardo Anguita (ex miembro del ERP) que enfatiza la autocrítica indispensable sobre las equivocaciones de una militancia trágica. El resto es un lugar común de los inoxidables apologistas de la dictadura. Por la noche, en el estudio de La Nación+, Yofre sintetizó: “Creo que es un video muy importante. Hay que mirar para adelante de una vez por todas. Hay que terminar con todo esto. Las Fuerzas Armadas deben reconocer sus graves errores. Los que están presos tienen que irse a sus casas y caminar para adelante”. 

 Amenazar la palabra abierta, interferir la comunicación, deshistorizar el pasado, recomponer el odio político, instigar las agresiones; complementos de un gobierno que reprime indiscriminadamente la protesta social cuando hay movilizaciones en las calles contra las medidas económicas desfavorables para grandes sectores de la población. Durante estos primeros cien días, Milei se ha jactado de una motosierra encendida que fue avanzando con la destrucción de las instituciones científicas, con el desfinanciamiento de las universidades, con el desprecio por las bibliotecas populares, con la prescindencia de los medios públicos informativos. Entre otras medidas drásticas, se suspendió el envío de alimentos a los comedores comunitarios y la entrega de medicamentos para enfermedades oncológicas. En este marco político, entonces, se actualizaron las advertencias de Rodolfo Walsh sobre la “miseria planificada” para castigar a millones que denunció en su carta abierta a la Junta Militar en 1977. La última dictadura propició el primer ensayo neoliberal, que se implementó a través de la fuerza en la sociedad argentina. Luego, regresó bajo la forma consensuada del menemismo. El tiempo dirá cuáles fueron los resultados de este modelo recargado.