Resumen noticioso para el futuro

  Esta es una síntesis comentada de las noticias más importantes que se publicaron en el mes de marzo y que se relacionan con el modelo agroindustrial. El último informe de la ONU sobre los plaguicidas. El kit para pulverizar desde un helicóptero. Un fallo judicial que desestima la peligrosidad de los agroquímicos. La carta abierta al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

I

  La reclasificación que la Organización Mundial de la Salud hizo del glifosato en 2015 se convirtió en un documento básico contra el modelo productivo dominante. Alcanza con repasar las noticias de este mes. En Estados Unidos aún no se prohíbe el uso del glifosato (alias Roundup para su comercialización). Pero el 10 de marzo, la jueza de la Corte Suprema de California, Kristi Culver Kapetan, resolvió una medida inconveniente para el márquetin de Monsanto. Aquel producto fundamental de la empresa llevará en 2018 una etiqueta que avise sobre su riesgo cancerígeno. El hecho es que, en enero, la Oficina de Evaluación de Riesgos Ambientales de la Salud había decidido incorporar al glifosato en su lista pública de químicos que provocan cáncer. Monsanto la demandó y perdió. Desde 1986, California cuenta con una ley que obliga a actualizar esta lista todos los años para que los consumidores tengan una adecuada información sobre los riesgos de sus decisiones. El refresh del listado se basó en la clasificación de la OMS, cuyas valoraciones comenté en La razón y la verdad.

Hubo otra noticia más importante con repercusión mundial. Se trata del Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación que publicó la ONU. Portales y periódicos comprometidos con los Derechos Humanos que reseñaron ese texto titularon con adjetivos diferentes pero que convergen en un sentido: el documento fue contundente con sus críticas sobre el problema derivado de la agricultura industrial. Son calificaciones justas. El informe a cargo de la relatora Hilal Elver es llano: “Los plaguicidas peligrosos implican un costo considerable para los Gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto” (p. 4). Según los datos estimativos, hay 200.000 muertes anuales por intoxicación aguda derivada de los plaguicidas. El 99% de esas personas viven en “los países en desarrollo”, donde las normas necesarias son menos estrictas.

La relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación tuvo la colaboración de Baskut Tuncak, que es el relator para temas relacionados con las sustancias y los desechos peligrosos. Los dos aspectos (salud y alimentación) se cruzan en los pronunciamientos del informe. Así se logra sintetizar cómo los plaguicidas usados en el modelo agroindustrial son peligrosos tanto por exposición a las fumigaciones como por los residuos que permanecen en los alimentos, en el agua y en el ambiente. Por lo tanto, entre las sugerencias finales del documento de la ONU para tratar este problema figura implementar políticas de estado integrales, que consideren factores ecológicos, económicos y sociales. El informe con referencias científicas tiene una redacción que permite comprenderlo sin mayores dificultades. Resumirlo es empobrecer su lectura directa, pero expone algunos puntos que conviene transcribir.

Primero, la aplicación de plaguicidas aumentó drásticamente en las últimas décadas. Segundo, el uso de estos productos logró mantenerse al nivel de la demanda alimentaria, pero se logró a costa de la salud y el ambiente, mientras que tampoco se redujo el hambre en el mundo. Tercero, los daños de estas sustancias son diversos, ya que van desde alteraciones en el ecosistema hasta enfermedades y trastornos en las personas. Cuarto, las investigaciones científicas confirman los efectos adversos de los agroquímicos, pero es difícil demostrar el vínculo definitivo entre la exposición y las consecuencias. Quinto, los actores de la agroindustria exacerban esta dificultad, porque niegan sistemáticamente la magnitud de los daños de estas sustancias químicas. Sexto, a pesar de los riesgos demostrados, se usan igual. Séptimo, falta un exhaustivo tratado multinacional que regule los plaguicidas más peligrosos.

En la enumeración, se encuentran los tópicos que los grupos de la sociedad civil vienen denunciando hace tiempo. Este documento funciona como un amplificador institucional de los gritos que sostienen una política vital contra la indiferencia del Estado y el hostigamiento de las corporaciones multinacionales. Ese respaldo se puede leer aun en las conclusiones menos científicas del informe: “Sigue existiendo una falta general de conciencia sobre el peligro que suponen ciertos plaguicidas, la cual se ve exacerbada por los esfuerzos de la industria para restar importancia al daño provocado y por la autocomplacencia de los Gobiernos, que a menudo afirman, llevando a engaño, que los marcos regulatorios y la legislación vigentes ofrecen protección suficiente” (p. 25). La convocatoria a participar del informe es un ejemplo.

A fines de 2016, las relatorías de la ONU habían convocado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas para que aportaran al reporte final que se conocería en la Sesión nº 34 del Consejo de Derechos Humanos. A esta convocatoria internacional sólo respondieron 7 ONG, sin contar el único informe argentino de las organizaciones y asambleas. Entre los informes gubernamentales, sólo se cuentan 31 países. De América hubo 4 (Uruguay, Perú, Guatemala, Cuba). En cambio, Argentina, Paraguay y Brasil (los países con mayor uso de agroquímicos en Sudamérica) no presentaron documentación. El texto argentino fue importante para que la relatoría de la ONU tuviera conocimiento de una realidad social/ambiental desestimada por el Estado y por algunos medios de comunicación. El informe final incorporó esas consideraciones que para ciertas personas pasan desapercibidas.

El informe local se presentó el 5 diciembre de 2016 bajo el título Agrotóxicos, evaluación de riesgos, salud y alimentos en Argentina. Adhirieron más de 40 organizaciones y asambleas, entre las que están Médicos de Pueblos Fumigados y el Centro de Protección a la Naturaleza. Aquel texto crítico describió el aumento del uso de agroquímicos en el proceso productivo de alimentos. A este problema se le suma la indiferencia de las autoridades nacionales y provinciales para implementar políticas. Además, se argumentó la gravedad de la situación local sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura. Por lo tanto, se señaló que es necesario que el Estado tome medidas urgentes para garantizar derechos humanos como la salud, el agua potable, la alimentación adecuada y el ambiente sano.

II

  Un dato de color nacional. Expoagro es la mega feria de este rubro. En la segunda semana de marzo no sólo las máquinas estuvieron luciéndose ahí. Según el sitio Agrovoz, hubo “una importante acción solidaria”. La empresa Ipesa Silo presentó una bolsa rosada que contribuirá a la lucha contra el cáncer. Su gerente de exportaciones, Alberto Mediondo, comentó que la idea fue de la Municipalidad de Tandil. El productor que compre estas silobolsas donará 10 dólares: 8 irán a la Fundación para combatir la leucemia (Fundaleu) y 2 al sector oncológico del hospital Santamarina de esa ciudad. Mediondo explicó la visión de la marca: “Lo que vemos con esta iniciativa es que se puede poner a la vista la solidaridad del productor argentino, que alguien de la ciudad, andando por una ruta, vea una bolsa rosa y sepa que el productor argentino está siendo solidario con una causa tan noble como la lucha contra el cáncer”.

  En Expoagro, también estuvieron los puestos del Banco Nación (presidido por Rosendo González Fraga) ofreciendo su línea de créditos “Nación Campo” para financiar la compra de nueva maquinaria. El sitio web MaquiNac detalla que la entidad emitió 7.150 certificados por 20.500 millones de pesos. Significa un aumento del 70% comparado con las emisones de 2016. Hay dinero. Entre las solicitudes a evaluar, quizás haya una destinada a adquirir otra de las atracciones de la feria: el kit de aplicación aéreo de productos fitosanitarios para helicópteros que presentó Cicaré, la reconocida empresa de vehículos ultralivianos radicada en Saladillo, donde trabaja desde hace más de 50 años. Este kit de aplicación es el primer prototipo que fabrican acá. El helicóptero pulverizador es un recurso útil en los lugares complicados para rociar con el avión, como lotes de menor dimensiones o que tengan algún obstáculo.

  El asesor agrícola de la marca, Juan Manuel Cicaré, lo explica en una nota del 17 de marzo para Clarín Rural : “Hay ventajas y desventajas en el uso de este modelo en relación al avión. Lo que tiene que quedar claro es que es complementario al avión, no es una competencia”. La mejor ventaja de esta alternativa complementaria es el down wash: el efecto de lavado vertical que te permite meter cada gota del agroquímico en el cultivo y protegerlo de enfermedades o plagas. Tu soja sigue intacta gracias a un método que ofrece mayor precisión. Una desventaja es que, por hora, se puede trabajar entre 25 y 30 hectáreas, mientras que un avión te fumiga más de 40. Después, existen otras desventajas para considerar, pero ya entran dentro de un enfoque ausente en los suplementos rurales y disputado en el campo judicial. 

III

   Este es un ejemplo sobre cómo actúa un sector de la justicia argentina. El 21 de marzo, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó una resolución pendiente para la causa “Giménez, Alicia Fany y otros c/ Ministerio de Agroindustria y otros s/ medida cautelar (autónoma)”. El abogado Alejandro Vera comenta este fallo en Acceso Ambiental. Sintetiza la posición de los actores y la decisión del Tribunal, tras el rechazo del pedido en primera instancia y el recurso de apelación presentado por el fiscal general Fabián Canda en diciembre. El grupo inició una demanda colectiva contra el Estado (Poder Ejecutivo y Legislativo), las provincias (Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos), el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y las multinacionales del agronegocio. En la medida cautelar innovativa, los demandantes pedían la suspensión provisional de los siguientes puntos: 

• Autorizaciones administrativas vigentes y en trámite de todas las prácticas relacionadas con organismos genéticamente modificados, hasta que se determine desde la ciencia si son inocuos los OGM (más sus químicos argícolo-ganaderos complementarios) o hasta que se dicte la legislación requerida al Poder Legislativo en la cautelar.

• Comercialización, venta y aplicación de glifosato o de productos como Roundup, que lo tienen como principio activo en la formulación química de sus productos (se mencionan otras sustancias nocivas).

• Comercialización y venta de semillas transgénicas hasta que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) del SENASA, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y/o las empresas cumplan con una Evaluación de Impacto Ambiental.

• Aplicación terrestre o aérea de agroquímicos hasta que esos actores acrediten el cumplimiento de una Evaluación de Impacto Ambiental.

Además, con base en la Ley de Defensa del Consumidor, se pedía el etiquetado obligatorio con leyendas visibles y legibles en los envases de los alimentos cuya composición contenga derivados de OGM. Frente al pedido, el tribunal argumentó: 1) una medida cautelar innovativa es un medio inadecuado para decidir sobre una cuestión de tanta complejidad probatoria; 2) admitir las suspensiones tendría un gran impacto sobre toda la actividad agropecuaria, que iría desde el comercio hasta la soberanía alimentaria; 3) las pruebas de los demandantes no acreditan el peligro necesario para la procedencia de la medida; 4) no es aplicable el principio precautorio puesto que no se acredita un supuesto de peligro de daño grave o irreversible, ya que no se puede concluir que haya un consenso, sino un debate sobre la cuestión científica acerca del impacto ambiental y en la salud por las prácticas relacionadas con los OGM.

 El abogado Vera coincide en que la cautelar innovativa no es el mejor recurso procesal para esta discusión exigente. No obstante, señala que los camaristas evitaron profundizar en la cuestión: sólo repitieron las decisiones de las comisiones técnicas del SENASA. (Este organismo nacional está cuestionado por desconocer los estudios que demuestran la peligrosidad de los agroquímicos.) En opinión del especialista: “No es la primera vez que un tribunal se apoya totalmente en el criterio de la autoridad administrativa para eludir la discusión de un tema candente. Pero tratándose de un fuero contencioso administrativo, hubiera sido interesante un análisis más profundo acerca de la razonabilidad y legalidad de los procedimientos empleados por el SENASA para evaluar la categorización toxicológica de este tipo de productos”.

  La observación es sobre el argumento número 3. Los jueces adhieren a lo que redactó en primera instancia Claudia Rodríguez Vidal, quien consideró que no estaban dadas las condiciones para suspender los efectos de las resoluciones que autorizaron comercializar semillas transgénicas. La cita de autoridad se limitó al acto administrativo en el que intervino la CONABIA. Este ente estatal sostiene en los papeles que el OGM no genera un impacto sobre el ambiente que difiera significativamente del que produce un organismo homólogo no modificado. Por otra parte, el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (donde aún se inscriben los fitosanitarios) funcionó por sí sólo como un análisis de riesgo para el caso del glifosato. El antecedente es que el SENASA desestimó un pedido en agosto de 2015 al no encontrar elementos que justificaran una reclasificación o cancelación de su registro en aquel ente. 

  Otra vez el año cuando se pronunció el IARC/OMS, pero la autoridad pública competente tomó como principal referencia para su fundamento el informe que publicó el CONICET en 2009, cuyas conclusiones respondieron a un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Hasta la fecha no se publicaron otros documentos públicos ni más investigaciones que permitan revaluar la verdad científica, cuya esencia es provisoria? El Tribunal (Argento-Fernández-Grecco) explicita que no tiene la obligación de tratar todas las cuestiones y los argumentos que el apelante propone para considerar: sólo atiende lo conducente y lo que basta para sustentar un pronunciamiento válido. En el fallo, le responde al fiscal Canda que es inexacto afirmar que los peligros para el ambiente y la salud por el uso de agrotóxicos son de "público y notorio conocimiento". Si el hecho fuera notorio, podría aceptar un supuesto de exensión de la prueba, pero los estudios internacionales y la compleja controversia científica le impiden la convicción de concluir así.   

  Desde esa perspectiva, resulta lógico: al Tribunal le basta con remitirse a lo que sostiene la autoridad de un ente nacional en una resolución administrativa, porque el debate le parece complejo para entenderlo. Quizás si se tratara con menos documentos de lenguaje hermético y se atendiera a más personas con testimonios directos resultaría más “notorio” para los jueces, pero este es el orden del discurso. Por otra parte, es razonable el argumento pragmático (2) de no frenar todo el mecanismo por las consecuencias de la decisión (si se aceptan que son peores que las vigentes). Improbable es una suspensión inmediata y total del dispositivo de la “regulación en biotecnología agropecuaria del país” (como se nombra en el fallo). Este modelo productivo está enquistado en el territorio como las enfermedades que provoca en los cuerpos. El reciente informe comentado de la ONU también expone que el pasaje a un modelo sustentable en la producción de alimentos deberá atravesar un proceso. 

IV

  En toda esta trama conflictiva, hay otro actor clave. La política gubernamental abrió la puerta de esta trampa sin límites y si esa política no se suma a la decisión de empezar a desarmarla será más problemático. Aún así, con esa ausencia, fue posible evitar que Monsanto construyera en Malvinas Argentinas (Córdoba) la planta de almacenamiento para semillas transgénicas más grande de Sudamérica. Estos años están marcando el nuevo ritmo de las demandas. Mientras que los organismos con autoridad internacional sugieren avanzar en una dirección hacia un futuro distinto, aquí algunos todavía se aferran a otra (contraria del pasado ignorante). Otro detalle. Las repercusiones mundiales de las Naciones Unidas cuando cuestionan una verdad que se está degradando de a poco son más importantes por la coincidencia con el reclamo de las organizaciones de la sociedad civil que por su autoridad legitimada. 

El 1 de marzo en Santa Fe, la multisectoral Paren de Fumigarnos le escribió una carta abierta al gobernador Miguel Lifschitz para pedirle que no envíe a las sesiones extraordinarias de la Legislatura Provincial el proyecto de la diputada Inés Bertero, que busca cambiar la Ley 11.273/95 (sobre Productos Fitosanitarios). Los motivos son que el texto criticado sólo otorga 200 metros para las zonas de resguardo (100 cuando haya cortina forestal) que resultan insuficientes, pues deberían ser 800 como mínimo; también se permite que continúe la pulverización aérea de los agroquímicos, cuyo proceso de deriva resulta incontrolable y termina llegando igual a los centros poblados. Por lo tanto, se considera que el "proyecto Bertero" es regresivo e inconstitucional, teniendo en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, porque no protegerá la salud de los habitantes, sobre todo de las personas que viven en los lugares más expuestos a los agroquímicos.  

Por otro lado, los firmantes le piden a Lifschitz que se cumplan las resoluciones dictadas hace unos años por el gobierno, como la prohibición de fumigar con agroquímicos para controlar la vegetación en espacios verdes urbanos y la restricción del uso de la sustancia 2-4 D. En el tramo final de la carta, interpelan al gobernador y a sus funcionarios en este año electoral. Describen a quiénes tendrán que enfrentar cara a cara cuando vayan a pedir votos al territorio. Madres de niños con leucemia, complicaciones respiratorias y alérgicas; personas con intoxicaciones por exposición al glifosato, con tumores y problemas neurodegenerativos. "Sabemos que los agroquímicos tienen incidencia directa sobre estas enfermedades: nos lo demuestran la ciencia digna, la que investiga sin compromiso con las corporaciones que lucran con este modelo agroindustrial”. Para quienes adhieren a este texto el problema es notorio.