La razón y la verdad

 La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la OMS, clasificó al glifosato como un agente probablemente cancerígeno. Las repercusiones por este cambio de parámetro. El contexto de la noticia. Reseña de los últimos reclamos locales sobre fumigaciones. Los alcances positivos de este acontecimiento. 

I

El 20 de marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) notificó que el glifosato integra ahora el Grupo 2A. En esta categoría, se ubican los “agentes probablemente cancerígenos para los humanos”. (Probable es más amplio que posible.) Dentro de esa lista, también se encuentra, por ejemplo, el Virus del Papiloma Humano tipo 68 (alto riesgo) o el PCB, que es un compuesto químico que se usaba en transformadores eléctricos. De esta manera, el herbicida más utilizado en el mundo queda a un escalón de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que ésta lo reconozca con máxima certeza como cancerígeno, o sea, para que integre el Grupo 1, donde está el consumo de tabaco y el arsénico, entre otros agentes evaluados.

La agencia que decidió este cambio depende de la OMS, cuya responsabilidad (según el propio organismo) es liderar los temas sanitarios mundiales, puesto que es la autoridad especializada que dirige y coordina la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Las conclusiones se publicaron en la revista científica The Lancet Oncology. Luego de un año de preparación, 17 expertos internacionales escribieron un resumen que pronto será una monografía. La tarea del Grupo de Trabajo de la IARC, encabezado por Aaron Blair, consistió en revisar la evidencia científica disponible. La importancia del documento es que avala que existen pruebas suficientes de que el glifosato puede causar cáncer en animales y de que hay pruebas limitadas para humanos (o sea, no se descartan otras explicaciones).

El resumen de la IARC aclara que hay casos estudiados en personas que son agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia: “reportaron un riesgo mayor para el linfoma no Hodgkin, que persistió después de ajustar por exposición a otros pesticidas”. Los especialistas (sin intereses empresariales) anotan que se encontró glifosato “en la sangre y en la orina de trabajadores agrícolas, lo que indica la absorción”. El texto breve también enumera que se detectó ese mismo herbicida “en el aire durante la pulverización, en el agua y en los alimentos”. Además, aquel agente y sus formulaciones “han inducido daño cromosómico y en las cadenas de ADN en mamíferos, y en células humanas y animales in vitro".

Otro de los estudios considerados “registró aumentos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico (micronúcleos) en residentes de varias comunidades después de la fumigación con formulaciones de glifosato”. La inclusión de este químico en el Grupo 2A es una alerta más sobre su vínculo con enfermedades como el cáncer. Frente a este nuevo parámetro, quienes discuten para que esa verdad se extienda consideran que es un respaldo. Un organismo internacional de referencia reconoce (de forma moderada) el alcance del problema. En cambio, Monsanto lanzó una gacetilla el mismo día para expresar que comparte “con gran escepticismo la visión de otros sobre el proceso de la IARC y su evaluación”. En el cruce de los discursos, lo que se debate es la razón y la verdad.

En un comunicado del 23 de marzo, Monsanto expresó en su página web que “está en desacuerdo con la ciencia basura”. Uno de los indignados es el doctor Robb Fraley, director de Tecnología de la multinacional. Acusa a la IARC de sesgo y remite a los exámenes de las autoridades reguladoras que, durante las últimas tres décadas, legitiman el uso regulado del cuestionado agente. El texto argumenta que otros programas de la OMS (el Grupo Básico de Evaluación y el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas) “concluyeron que el glifosato no es cancerígeno”. Refiriéndose a la nueva revisión, Fraley dice: “Le pido a la gente que no se base en nuestra palabra para ella, pero sí que mire las décadas de conclusiones a partir de los reguladores respetados”.

II

El glifosato es un herbicida de amplio espectro: se usa en más de 750 productos para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanas y domésticas. En Argentina, se utiliza para rociar campos de soja transgénica, maíz y algodón. También se aplica sobre trigo, girasol, yerba mate, vid, cítricos y frutales como la manzana o la pera. Según estima la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en este país, se aplican 320 millones de kg/litros de glifosato por año y son 13 millones las personas que corren el riesgo de resultar afectadas por este químico. La empresa Monsanto es la que comercializa ese producto con la marca Roundup. No es la única: también lo hacen Syngenta, Bayer, Basf, Atanor, Nidera, Nufarm, Dupont, YPF, Red Surcos, Vicentín, Sigma Agro y Dow Agrosciences.

El caso es que, incluso otorgando una concesión que podría calificarse demoníaca, aquí ni siquiera hay un “uso responsable del glifosato” y menos un control de los envases vacíos. El empleo que se hace de aquel agente es criminal, como la exposición de niños y niñas a sus efectos inmediatos y acumulativos. Fumigados por tierra y por aire, se los entrampa en un espacio que tendría que ser de resguardo para la salud psíquica y física. El avance de los cultivos transgénicos en el territorio ha llegado a rodear las escuelas alejadas de la urbanidad. Existen 10.200 escuelas rurales: son el 55 % de todos los establecimientos. Allí concurren cerca de 700 mil estudiantes que sufren los venenos: sienten sus labios adormecidos, sequedad en las mucosas, ojos irritados, cefaleas,  náuseas, fatiga, angustia.

Este es un tema que se advierte día a día, que se grita, que se sabe y que consta aun en los registros públicos.  Sólo un dato. Para conocer la situación de las escuelas del campo, a través de la delegación de la Defensoría del Pueblo (DPN) en Chaco se envió una encuesta para que respondieran los docentes que en enero de 2013 se habían reunido en el XXXIV Encuentro Nacional de Maestros Rurales. Conclusión: “Del análisis de las respuestas recibidas surge que en alrededor del 94% de las escuelas rurales argentinas se realizan actividades agrícolas pulverizadas con agroquímicos a una distancia promedio de 284,33 metros” (Argentina. Defensor del Pueblo de la Nación. Vigésimo informe anual: del 01/01/2013 al 31/12/2013. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, p.128).

En septiembre del año pasado, la Resolución 29/14 del DPN también describió el problema y exhortó a las autoridades de los ministerios nacionales/provinciales correspondientes a cumplir medidas precautorias, mientras que el 28 de octubre se convocó a la primera audiencia pública sobre Escuelas Fumigadas. Fue en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí docentes contaron los daños graves a la salud que se experimentan en provincias como Chaco, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires. Los participantes reclamaron un mínimo de 1000 metros entre las fumigaciones terrestres y las escuelas. A las dos semanas, académicos, maestros, activistas y políticos firmaron un manifiesto que sostiene que esta actividad sin control “representa una agresión sistemática a la vida de grandes masas poblacionales, con la complicidad de los funcionarios del estado”.

 Los firmantes (el doctor en Ciencias Químicas Juan Garberi, la médica farmacóloga Susana Etchegoyen, el bioquímico Sergio Daniel Verzeñassi, la socióloga Maristella Svampa, el ingeniero agrónomo Carlos Manesi, entre otros) argumentan que debería declararse la emergencia a nivel nacional y concretar una serie de acciones. Suspender las fumigaciones como medida cautelar. Diagnosticar la patología que tengan las personas con síntomas tóxicos que puedan derivar de los químicos utilizados. Pedirles a las universidades públicas y al Ministerio de Ciencia y Tecnología que hagan investigaciones para explorar más profundamente la conexión entre agroquímicos y el aumento constante de “enfermedades incapacitantes y letales”. Analizar muestras de alimentos y etiquetarlos para saber cómo fueron producidos. Exigirles a las autoridades universitarias y estatales que informen de manera exhaustiva los datos que tengan sobre “la toxicidad de los agroquímicos”.

 A nivel provincial, el 23 de diciembre, la Campaña Paren de Fumigarnos, tras su 17º plenario, publicó un comunicado para expresar su indignación porque otra vez no se trató el proyecto en la Legislatura para reformar la Ley 11.273/95. En el primer punto del escrito, se condena “el atropello a la Democracia” por parte de los estratos del Gobierno de Santa Fe, debido a la falta de respuestas efectivas sobre los reiterados pedidos que se hicieron para “evitar el menoscabo de la Salud y del Ambiente que genera el modelo productivo imperante basado en los organismos vegetales genéticamente modificados (transgénicos) y su paquete tecnológico”. Este año se insistirá con el proyecto. También se reclama una Audiencia Pública para que la ciudadanía debata sobre el tema. Por lo pronto, el Ministerio de la Producción, a través de la Resolución N° 135, se ocupó de prohibir y restringir los formulados de 2,4-D (el segundo herbicida más usado en Argentina). El reclamo se había iniciado en abril por el CEPRONAT y la ONG Conciencia Solidaria. La orden figura en el Boletín Oficial del último 25 de marzo.

   

III

La OMS es una institución de referencia: el principal organismo sobre temas sanitarios. Por ejemplo, configura la agenda de investigaciones, determina tendencias, establece normas y articula opciones de política que se basan en la evidencia científica. La importancia de sumar el glifosato al Grupo 2A es doble. Por un lado, cuestiona las citas de autoridad a las que apelan ciertos personajes en el campo científico. Por el otro, es un argumento válido más para exigir la aplicación del principio precautorio en defensa de las poblaciones fumigadas. En Argentina, la Ley General del Ambiente (nº 25.675,art. 4) lo establece entre sus 10 principios. Entonces, cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no es excusa para postergar medidas eficaces que impidan la degradación del ambiente donde viven las personas y donde vivirán otras generaciones.

También habrá que mencionar lo que el organismo especializado de la ONU apunta en una de sus publicaciones programáticas: “La salud de la población debe ser una de las preocupaciones básicas de los gobiernos. (…) Los ministerios de salud deben demostrar liderazgo en la promoción del diálogo sobre políticas y de estrategias de intervención intersectoriales tanto en el ámbito público como en el privado” (Organización Mundial de la Salud. Contribuir a la salud: undécimo programa general de trabajo, 2006-2015... Ginebra, 2006, p. 22). En esa línea, se prescribe que las intervenciones estratégicas sobre los temas del sector sanitario tienen que abordarse con un amplio alcance, como la política macroeconómica y los derechos humanos relacionados con la salud.

Por otra parte, la misma OMS reconoce el rol cada vez más destacado que cumplen los actores de la sociedad civil para “velar por la buena gobernanza y la rendición de cuentas”. Debido a ese protagonismo creciente, se sugiere que “los participantes no gubernamentales en la esfera de la salud pública, ya sean activistas, académicos o empresarios, necesitan disponer de foros en los que puedan contribuir de manera transparente a los debates mundiales y nacionales sobre políticas relacionadas con la salud” (ob. cit., p. 23). Hoy resulta fundamental el rescate de estas consideraciones escritas hace algunos años porque, precisamente, hasta ahora no fueron los actores gubernamentales los que se han encargado primordialmente de este asunto crucial.

Fueron las personas que percibieron de manera directa los efectos del modo de producción agrario quienes se encargaron de impulsar denuncias y estudios académicos. Lograron fallos judiciales a favor, consiguieron normas importantes en sus localidades y exigen una ley sobre agroquímicos que sea adecuada para la situación actual. Colectivamente, también emprendieron la recuperación de formas de cultivo milenarias y demuestran que es posible generar alimentos sin el costo de la muerte. ¿No habrá que mirar primero esas voces: las que lideran con razón desde hace décadas? Tal vez son voces más pequeñas, pero persistentes y múltiples. Así alcanzarán la verdad.

  En la disputa del poder por la verdad, la cuestión es quién dice qué y cómo. Las sociedades tienen mecanismos, instancias, métodos, técnicas para distinguir, valorar y sancionar lo que se considera verdadero o falso en un tiempo histórico determinado. La ciencia es un terreno de lucha. Este acontecimiento de la IARC es una etapa más de legitimación para obtener el estatus que se niega. (En mayo se cumplirá un año de la muerte del doctor Andrés Carrasco.) Las iniciativas reseñadas adquieren una densidad nueva, al igual que los reclamos que se vienen denunciando hace mucho tiempo. Un tiempo que quizás mañana se rememore como ahora se recuerdan los años impunes.