Movilización terrestre

 El 25 de septiembre hubo una movilización campesina en Santa Fe. Partidos, sindicatos, estudiantes, cooperativas y agrupaciones culturales adhirieron a la Marcha por el derecho a la tierra. Frente a Casa Gris, hubo un acto de protesta. Voces campesinas reclamaron por los derechos de las familias desalojas ilegalmente del norte provincial. Una crónica completa de ese día.

   Comuníquese

“Lo que estamos defendiendo es la tierra, porque esa es la que nos genera el bienestar. Una familia sin tierra no tiene futuro. ¿Cómo podés garantizar el futuro de tus hijos si no tenés un pedazo de terreno?” Estas son palabras que Félix Díaz compartió el 27 de julio en la ciudad. El referente qom describe un problema que viven comunidades indígenas como La Primavera, en la Formosa gobernada por Insfrán. Meses después, durante la primera semana de septiembre, campesinos del norte provincial decidieron venir de nuevo hasta Plaza de Mayo para armar un acampe. Por esos días, demandaban la reglamentación de la Ley 13.334. Esta había sido sancionada por la Legislatura en diciembre de 2012. Al declarar emergencia, se suspendieron por 5 años los desalojos en predios rurales. En ese tiempo, tendría que completarse un Registro Personal de Poseedores con la situación regularizada de los productores y sus campos.

Así que la norma estaba sancionada. Faltaba reglamentarla. Una ley sin reglamentar entra en vigencia y puede aplicarse, aunque se le deja a la Justicia mayor margen de interpretación para decidir. Por consiguiente, conviene definir conceptos y especificar cuáles serán los procedimientos para aplicarla. En este caso, parecía que la discusión iba a centrarse en qué se iba a entender por “pequeño productor”. Pero el tema fue otro. El 13 de septiembre surgió un nuevo conflicto que complicó el escenario que parecía encaminado. En el anexo único de la reglamentación, no se contempla a las personas ya desalojadas. Sólo a quienes acrediten documentos “demostrativos de la ocupación del campo desde el año 2002 a la fecha”. En cambio, los adjetivos de esa ocupación siguen intactos: “efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica”.    

La ley era un campo abierto. La reglamentación es un alambre de púas. Sucede que, si bien las usurpaciones llevan más de una década, desde 2004 se intensificaron los desalojos en localidades como El Nochero o Gato Colorado. La ley exige 10 años de residencia en los predios. El caso es que hay personas que tenían hasta 50 años, pero en el último tiempo fueron sacadas de sus lugares. Por lo tanto, la injusticia cometida con esas familias queda intacta. Otro de los nuevos requisitos es que el domicilio debe ubicarse a una distancia máxima de 60 km de la propiedad rural. Un comunicado de la Mesa en Defensa de los Campesinos cuestiona “la imposición de límites a las distancias entre el predio rural y la residencia familiar, que no se condicen con la realidad geográfica ni de infraestructura” de la zona norte de la provincia.

  En el considerando del Decreto 2871 figura: “Que el Secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo del Ministerio de la Producción, informa a fojas 7, que la reglamentación propuesta fue elaborada con intervención de diversos organismos públicos provinciales y nacionales, habiéndose requerido opinión a entidades relacionadas con la producción agropecuaria”. El 31 de julio el gobernador Bonfatti, el ministro de la Producción Fascendini y el secretario del Sistema Agropecuario Contigiani se habían reunido con dirigentes de Federación Agraria. Luego de poco más de un mes, llegó la noticia con las restricciones ya mencionadas arriba. Para este dilema, los Campesinos Agrupados del Norte tienen una consigna clara: LA LEY 13.334 ES NUESTRA/ LA REGLAMENTACIÓN “NO”. 

  La autora de la ley es la diputada Susana García (CC-ARI), pero el sector campesino sostiene que si se trató y aprobó fue por la insistencia de la gente desalojada. Acompañadas por diferentes agrupaciones culturales y políticas, en el acto del 25 de septiembre testimoniaron personas que padecen este escenario. Integran lo que se llama Agricultura Familiar. Es decir, un variado conjunto de productores y sus familias que aportan trabajo físico y gestión productiva de una manera directa. Tienen limitaciones de tierra, capital y tecnología. En su mayoría, no contratan asalariados. Asimismo, esta manera de producir es considerada una forma de vida y de cultura que busca condiciones dignas para los familiares que, manteniendo ciertos valores, subsisten con esta actividad.

Por aquí y por allá

  La situación que ocurre en Santa Fe se advierte en otras provincias. Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Salta... A principio de año, se conocieron datos oficiales. Se trata de “una muestra amplia pero no representativa, en sentido estadístico estricto”. El estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación relevó un promedio de 50 casos por provincia. Previo a este trabajo, no se contaba “con datos certeros ni aproximados respecto de la totalidad de casos (problemas de tierra) en nuestro país”. También subraya que “estos datos no revelan necesariamente la magnitud de problemas de tierras de cada provincia como tampoco lo hacen la cantidad de familias”. A saber, del norte santafesino sólo se relevaron los departamentos San Javier, Vera y General Obligado: 12 casos, 1174 familias afectadas (incluyendo a Iriondo y a Rosario).

De todas maneras, el trabajo citado ofrece conclusiones de un organismo del Estado nacional. O sea, son problemas existentes que, de una u otra manera, se conocen. Entre abril y junio de 2011, las cuatro causas conflictivas más mencionadas en el estudio son: a) Títulos incompletos e inexistencia de títulos; b) Usurpación de tierras campesinas e indígenas; c) Despojo; d) Pedido de reconocimiento de territorio indígena. Por otra parte, del total relevado, 508 casos no estaban judicializados y 331 sí (18 situaciones sin información). El detalle es que las situaciones de amenazas y presiones para desalojar superaban con amplitud los casos juidicalizados. Así, por ejemplo, el estudio menciona que grupos parainstitucionales (a veces con civiles contratados) amedrentaban para presionar el abandono de la propiedad. Y aparece también lo otro: la parte institucional.

“La participación de personas miembros de las diversas instancias gubernamentales aparece con frecuencia y responde a situaciones fácticas e irregulares que trascienden el ámbito de la institucionalidad y juridicidad establecida” (Andrea Gigena [et. al.], Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina, Buenos Aires: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2013, p. 26). Cuando se averiguó quiénes hacían estas maniobras, dieron con esto: “Para los casos donde hay involucrados poseedores o tenedores, las mayores menciones remiten a que proviene de particulares (en muchos casos se registra la presencia de guardias privados armados). Para las situaciones con propietarios afectados, en cambio, las mayores menciones remiten a amenazas o presiones de organismos y funcionarios estatales. La policía se ubica en segundo lugar para todos los casos” (ob. cit., p.28).

  Tal como señala la bibliografía del estudio, los problemas de uso y tenencia de la tierra se profundizaron en las últimas décadas. Este territorio sufre los procesos de patrimonialización, que en otras zonas del país es para la mega minería a cielo abierto o el desarrollo turístico. Aquí existen latifundistas (o empresarios) que recurren a testaferros. Se abusan de la escasa alfabetización y de la buena ingenuidad de la gente de campo. Aparecen abogados truchos, papeles apócrifos, órdenes autoritarias. Si hay resistencia, los sacan con agresiones. La apropiación de campos es para explotarlos como mercancía. Por ejemplo, siembran soja transgénica dos o tres años, hasta agotar el suelo. ¿Qué pasa con las familias desalojadas? Si pueden, arriendan otros campos, dejan sus animales en el predio de algún campesino que posiblemente será desalojado, quedan a la deriva de los caminos o bien se dirigen a la ciudad.

¿Por qué se buscan predios rurales ocupados? Los usurpadores aprovechan el esfuerzo que implica acondicionar un territorio para habitarlo. En principio, esas tierras se consiguieron a bajo costo. Sin embargo, a fuerza de trabajo, las familias abrieron senderos, levantaron molinos, extendieron alambrados, elevaron el terreno, ordenaron mensuras, pagaron impuestos. Los que “ven” el “negocio” concretan su objetivo a cualquier precio. El saldo son personas desterradas. En perspectiva, esto forma parte de las transformaciones que desde los años 70 viene teniendo el sector agropecuario. Por ejemplo, la década del 90 aportó la comercialización de las semillas transgénicas. El emblema actual del modelo socio-productivo es la “sojización”. De las 40 millones de hectáreas cosechadas en el país, la mitad es para ese cultivo, que demanda mucha tecnología y capital, pero poco trabajo. El destino es la exportación.

Movilización terrestre

Frente al Ministerio de la Producción, hay una vaca estandarte con versos y lemas actualizados: “LAS PENAS SON DE NOSOTROS/ LAS TIERRAS TAMBIÉN” y “LA TIERRA ES PARA QUIEN LA TRABAJA/ NO PARA QUIEN LA CONCENTRA”. Desde la esquina, se oyen las transmisores de los policías en motos. Ya son las 11 y los pibes con los surdos del Movimiento Evita golpean los primeros ritmos, mientras se extienden las banderas del Partido Comunista y los pasacalles pidiendo justicia para los desalojados. Como un insulto a la democracia, pasa por el Boulevard una camioneta propagandística con la cara del inundador Obeid, que es candidato para diputado nacional en octubre. Poco a poco, los medios llegan para hacer su trabajo. Un movilero radial, avisando a los automovilistas sobre breves cortes de calles. Otro televisivo, tratando de mantener a los protagonistas juntos, sin que se les escapen, listos para la nota.

  Más tarde, se espera el resultado de la reunión con funcionarios provinciales. Iván Bordón, de Norte Amplio por los Derechos Humanos, aclararía en la plaza: “la propuesta concreta era que dentro de las propuestas que tenía el Ejecutivo y el Ministerio de la Producción para trabajar esta problemática debía concretamente dársele la posibilidad a estos compañeros que ya están desalojados de inscribirse en un registro. Y además de inscribirse en ese registro, buscar la posibilidad, a través de un Programa [de Regularización Dominial] que crea la ley, de empezar a buscar soluciones. Ese era el planteo concreto que le hicimos al Gobierno”. Pero en la conversación hubo nuevos rodeos. “A tal punto que terminé llegando a la conclusión de que tal vez nos estaban queriendo tumbar la marcha”, argumentó el abogado que representa a campesinos y campesinas.

  La segunda etapa de lo prefijado para esa mañana comenzó a las 11.50. La movilización terrestre arrancó por Urquiza, luego dobló a la izquierda por Santiago del Estero y enfiló derecho por San Jerónimo hasta Plaza de Mayo. Un carro con dos caballos del movimiento Cirujas en lucha encabezó la columna en la esquina de Bulevar Pellegrini. Llevaba una bandera argentina colgada. Al avanzar por las calles, la Marcha por el derecho a la tierra se multiplicaba en los amplios cristales de los negocios, en las cámaras fotográficas, en los panfletos que se repartían al pasar, en los ojos de los transeúntes. Miraban vendedores en las puertas, albañiles en los techos, peatones en las veredas, gente en las paradas de colectivo y automovilistas frenados.

  Lorena, 23 años, hija de un productor desalojado, fue una de las encargadas de propagar el reclamo en medios locales. También en la marcha voceó consignas. Un micrófono inalámbrico conducía la voz hacia un parlante llevado en portaequipaje con ruedas. Un par de veces se escuchó un sapucay, mientras las vibraciones de los parches hacían sonar las alarmas de las motocicletas. En un momento dado, el frente de la columna era murga y atrás, candombe, por los tambores de El Birri. Entre medio, sin un pulso fijo, el sonido grave de un caracol parecía una vuvuzela recargada. “Ahora una zamba”, dijo alguno por lo bajo cuando descansaron los dos ritmos, pero esa música nunca llegó. Lo que sí llegó, a las 12.45, fue la columna de la movilización, que se abrió para ocupar un sector de la plaza frente a la Casa de Gobierno.  

El acto inició a las 13. Valeria Silva habló por la Mesa en Defensa de los Campesinos, cuya lista sumó varias adhesiones: desde Madres de Plaza de Mayo hasta la Unión de Choferes de Taxi, pasando por el MST y el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. La intro refirió cómo las familias rurales acondicionaron terrenos. “Son esas tierras que ahora despiertan el interés de empresarios sojeros y especuladores, inescrupulosos y corruptos, que les arrebatan el esfuerzo de toda una vida mediante desalojos ilegales y violentos. Hoy los desalojados de sus campos están en nuestra ciudad capital, exigiendo soluciones, justicia y poder trabajar sus tierras. Convencidos de que la falta de trabajo, el destierro y la violación de derechos en cualquier punto cardinal de nuestra provincia afecta a todos y a todas es que acompañamos la lucha de los compañeros campesinos del norte de Santa Fe”, comunicó la integrante de HIJOS, antes de que hablaran algunas voces campesinas.

Voces campesinas

  Don Clavero: “Yo recuperé mi tierra a la fuerza, tanto que luché. Tengo 61 años adentro del campo y un tipo se quería apoderar de mi campo. De ahí en adelante, lo tuve que sacar de muy mala ley al tipo este. Lo saqué a los tiros. A los tiros lo saqué, porque la gente sabe que son todos malandras”. Don Bustos, señalando una foto del desalojo, agregó: “¡Miren dónde vivió, de guapo y de valiente está vivo y está de pie!” Luego, siguió comentando: “Hoy me preguntaban en Canal 13 que cuántas hectáreas tenían los extranjeros. (...) Escuchen bien lo que les digo. En los Bajos Submeridionales, en los departamentos Vera, 9 de julio y en otros distritos que hay por ahí tienen más de 650 mil hectáreas”. Acto seguido, don Ruiz Díaz quiso pronunciar unas palabras. Emocionado, sólo alcanzó a decir: “a mí me sacaron la tierra”. Los aplausos intentaron mostrarle que estaba acompañado y que, ese día, otras personas se habían movilizado por él.

  Don Michelud testimonió otro despojo: “Yo les diría que a mí me quitaron la tierra. Porque yo tenía 1500 hectáreas con hacienda adentro y me dejaron a 80 hectáreas y me sacaron toda la hacienda a la calle, sin aviso, sin nada”. En la zona de los Bajos es necesario tener 4 hectáreas para criar a un animal. La razón es que cuando el pasto crece se seca y es duro. El animal no lo come. Por lo tanto, siempre hay que ir quemándolo. Las lluvias son pocas, pero gracias al rocío el pasto vuelve a crecer. (La otra jugada del Gobierno provincial fue el Decreto 2795, que declaró "situación de emergencia y/o desastre agropecuario" hasta fin de año por la sequía y las heladas.) Aquel pasto recién crecido es el que come el animal. Sin embargo, allí asoma una rareza: donde antes se practicaba ganadería, ahora aparecen grandes cultivos. Son las semillas modificadas genéticamente, que crecen en casi cualquier suelo.

  Don Sánchez: “Yo les voy a contar que soy un desalojado más del departamento 9 de julio, distrito Gato Colorado. Fui desalojado en el 2004. Fui el primer desalojado del distrito. Después vinieron todas las otras familias por detrás y hasta hace muy pocos días querían desalojar a los compañeros. Yo les quiero decir que un desalojo es muy fiero, porque te sacan lo que tenés, la ilusión de cada día del campesino, de criar un animal para que sea el sustento de sus hijos, como yo lo hacía. Pero aparecieron unos delincuentes que tenían una gran connivencia con el Poder Judicial de la ciudad de Tostado. Tenían una gran connivencia con el poder político. Tenían poder económico para comprar a los jueces, a los fiscales y también a la policía, porque ellos manejan la Policía. Nosotros, los pobres, los minifundistas, los campesinos, vamos a hacer una denuncia y no tenemos eco”.  

  “No hay justicia para nosotros y por eso vienen los atropellos de estos señores, que van desalojando lentamente a todas las familias que han vivido durante años. Yo tengo 49 años y me crié en el campo. Tengo las pruebas de que me he criado ahí. Tengo una declaración jurada por el Juez de Paz de Gato Colorado que yo me crié en los campos (...). Pero no me valió nada. Todo fue en vano. Me desalojaron. Me metieron preso. Golpearon a mi familia, a mis hijos y también se quedaron con mis animales. Quedé sin caballos, quedé sin vacas, quedé sin nada. Lo único que no me pudieron robar es la esperanza y la fe de volver a mi campo. (...) Asimismo, le quiero decir al señor Gobernador que no deje escapar el gobierno de las manos, porque hoy lo tiene, pero mañana le puede hacer falta.”

Don Bustos: “Es largo y difícil de explicar todo en cinco minutos. Pero lo que sé es que hay una tranfugueada. Yo también fui desalojado. Me tiraron unas chapas. Luché para vivir y para sobrevivir. Es durísimo aguantar y ver cuando los animales se te mueren de sed, de calor, porque te tiran a la calle. Yo también fui preso, me balearon la camioneta, me fumigaron 50 hectáreas de sorgo que había sembrado con gran sacrificio.(...)Cuando me metieron preso, me robaron casi todas mis vacas. Un desastre. Un abuso total. Los jueces no tienen códigos, no tienen vergüenza, son unos caraduras. Así que yo le diría al señor Gobernador que escuche y que ponga manos a la obra. (...) Hoy sabe, señor Gobernador, allá en el campo nuestro nos ‘tán choreando, nos ‘tan matando". 

Don Malagueño: “Yo les quería contar que a mí también me desalojaron y después volví a entrar al campo. Y hasta ahora, gracias a Dios, me estoy manteniendo ahí. Pero queremos acompañarlos a todos y queremos que entre todos hagamos algo. Porque yo estoy permaneciendo en el campo, pero también hago por mis compañeros que los han sacado. Tengo más de 30 años en el campo. Ahí crié a mis hijos y quiero seguir permaneciendo en el campo. Eso es lo que queremos. Hoy tuvimos una reunión con el Ministro, pero no nos dieron solución. Nos largaron así nomás. Pero no por eso nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir encarando las cosas para que en algún momento nos escuchen”.

Al término de Malagueño, otro campesino relató: “Yo soy un productor del norte de Santa Fe también. Estoy sufriendo la misma cosa de esta gente, que fueron como para desalojarme dos veces y no pudieron. Pero tengo miedo de que un día vayan y que me saquen como los sacaron a ellos. Así que le doy gracias a la gente que está y a la gente de Gato Colorado que me acompañó. (...) Y bueno, yo le voy a contar la anécdota de un juez. Vino un día con un dueño posiblemente del campo, un tal Sotelo. Esto era un martes. El otro miércoles apareció con otro dueño y yo le dije: ‘Señor juez, no sé cómo se entiende esto, usted el martes me cayó con un dueño y ahora me cae el miércoles con otro dueño’. Y se me hizo el desentendido".

Doña Mirta: “Soy una productora de Gato Colorado. Y aquí estoy, agradeciendo a toda la gente que nos acompañó en todo este tiempo que hemos estado acá en Plaza de Mayo. El único que no nos atendió es el Gobernador, pero sí agradezco a todo el pueblo de Santa Fe. (...) Tiene que ser mirado el departamento 9 de julio por el Gobernador. Sí, señor. Así que les agradezco igual a todos, a toda la gente y a los compañeros que nos han acompañado. Han hecho el gran ejuerzo. Ellos están cuidando los animales en la provincia de Santa Fe, pero ya pertenecen al Chaco. Ya muchas veces he dicho que Gato Colorado está perteneciendo más al Chaco que a Santa Fe. Eso no puede ser. Tiene que ser de Santa Fe la gente de Gato Colorado”.

  Después, junto a las Madres sentadas, Celina y Otilia, asomó una doña campesina que, con ánimo de sumarse, se vino desde otra localidad porque escuchó en la radio que se hacía una movida terrestre: “Yo pertenezco al departamento San Justo, que también estoy sufriendo una situación que me están amenazando con desalojarme de un lugar, donde hace muchos años que estoy ocupando. En San Justo me sentía sola y vine a acompañarlos y he encontrado unos buenísimos compañeros que te dan tranquilidad, que hace mucho tiempo que la había perdido. Te dan fuerza para seguir luchando”. A continuación de los aplausos, se escuchó el caso de una señora que fue amenazada por un hombre de Comodoro Rivadavia.

  El apareció con papeles falsos. Además, tiene un campo cerca y contrató a los tres hermanos de la doña. Busca quedarse con sus testimonios para perjudicarla en el artículo 7 de la ley. El día anterior, en una situación muy conflictiva, ante las presiones violentas del usurpador, ella lo desafió a que le dispare. “Sí, yo les vengo a avisar que ayer tuve una discusión con el dueño del campo. El dice ser dueño, pero yo me crié en el campo. Discutimos y me amenazó con una pistola, con un revólver, no sé qué es lo que era. Ahí había unos hermanos míos y, en vez de salir a favor mío, salieron a favor de él. Así que no sé qué voy hacer, pero yo ya le dije que le voy a meter bala. A mí no me interesa de estar presa. Total mis hijos son grandes ya.”

Don Villasboa: “Yo también he sido intentado de desalojarme en la posesión. Nacido y criado en la ruta 13 soy. Fui a la escuela. A segundo grado me sacó mi papá porque no me pudo mandar más. Así que salí a trabajar en los campos y, desde ahí, estoy afincado en la ruta 13, a unos pocos kilómetros de la ruta 31. Quisiera que el Gobernador tome cartas en el asunto. Ahí hay unos cordobeses que pusieron una máquina purificadora de agua que está perjudicando toda la zona de los pequeños y medianos productores. Se denuncia y nadie dice nada por eso. A nosotros se nos mueren las vacas, las pocas vacas que tenemos, por esa máquina que está trabajando ahí, tirando arsénico en el canal donde llueve y trae el agua de las represas. Hemos hecho represas con gran sacrificio, porque no es fácil para un pequeño y mediano productor hacer una represa, hacer una obtura, hacer una comodidad”.    

  Racconto y balance

  La última parte del acto resumió el conflicto en la voz de Bordón. En noviembre del 2012, hubo una reunión con legisladores en la presidencia de la Cámara de Diputados. Había receso legislativo y sólo el Gobernador podía convocar a sesión extraordinaria. “Entonces, ¿qué hicimos? Juntamos la adhesión de esos diputados, que eran de distintos bloques ( nosotros lo reconocemos), y le hicimos un petitorio al Gobernador para que remita el proyecto que tenía media sanción, el proyecto de ley de Susana García, que es diputada del Frente Cívico”. Sin embargo, “la autora de este proyecto decía que estaba sola; por lo tanto, no había ni la más mínima voluntad, en el Senado provincial, de avanzar con la sanción definitiva”.

  En aquel mes de 2012, se hablaba de que "con suerte" el tema se trataría en febrero. Pero el 13 de diciembre se agudizó el conflicto. Durante un tercer intento de desalojo en un campo de El Palmar, cuando la policía intentaba sacar animales, la familia Barberis, junto con otras personas, se defendió con armas de fuego. Hubo movilización campesina y fueron recibidos: “Nos encontramos a fin de año con que el Gobierno se vio obligado a enviar el proyecto a extraordinarias. Se vio obligado políticamente, porque nos plantamos aquí, porque estuvimos con la convicción de que, si el proyecto no iba a extraordinarias, nos íbamos a quedar con las carpas hasta tanto la ley salga. Entonces, cuando nos dicen ‘les dimos la ley’, en realidad tendrían que decir ‘nos obligaron a dar la ley’”.

  A fin de ese mismo año, mientras la gente campesina festejaba por el logro obtenido, las autoridades gubernamentales les dicen que tendrían participación. “No sabíamos por dónde íbamos a entrar ni por donde íbamos a salir del Ministerio de la Producción, porque hablaban de distintas áreas donde íbamos a trabajar con la reglamentación. Todo chamuyo, compañeros. Ocho meses y no nos han llamado. Es más: nos generó una tristeza, porque nos pareció una tomada de pelo. Nos encontrábamos, en primer lugar, con que los desalojos se seguían intentando, porque hay jueces que desconocen esta ley. Entonces, decretaban a través de resoluciones la inaplicabilidad de la ley.”

  Respecto a la falta de reglamentación, Bordón agregó: “Nosotros teníamos una ley y teníamos que estar en los campos poniéndole el cuerpo todavía porque los jueces seguían mandando desalojos. Y el Gobernador termina de coronar cuando se reúne con la conducción nacional de Federación Agraria”. Más adelante, el abogado comentó: “Veíamos el chamuyo de los funcionarios, porque en la intimidad nos reconocieron que fue una lástima que nosotros no hayamos estado en esa mesa. Nos reconocieron, por lo menos, eso.  Pero uno ve después los papeles, consultaron los organismos nacionales, las bases... Todo verso, compañeros. Entonces, llegamos a esta situación”.

 “Después de tener una ley, después de haber peleado esta historia, nos tuvimos que movilizar, porque no nos dieron pelota. No nos consultaron en nada. (...) Hay que decirlo con toda claridad: el proceso de despojo de la tierra es un proceso casi consolidado." (Sin datos precisos, se calcula que son aproximadamente 500 las familias desalojadas del norte.) "Muchos han recuperado su tierra, pero el proceso ya estaba casi consolidado. No contemplar la situación de todo este colectivo, que fue la propuesta que nosotros llevamos, es una ley que qué sentido tiene. ¿Qué efectividad, qué aplicación puede tener una ley que no contempla todas estas situaciones?”

“Yo quiero que esta jornada no sea en vano. Yo quiero reflexionar. ¿Ustedes saben cuánto nos costó (y esto tiene que ver con el neoliberalismo) cuánto nos costó que estos compañeros creyeran que la lucha es colectiva? Enorme sacrificio nos costó, porque nos sembraban divisiones. Porque también a la hora de alinearse con los intereses hay de todos los sectores políticos. No nos confundamos. Nosotros nos encontramos en el territorio donde hay compañeros que el ponen el cuerpo a esta lucha y hay personajes que están en la misma línea política que tienen connivencia con esos intereses.”

 “¿Se imaginan a esta gente?: años aislados. Por eso, hoy es un orgullo escucharlos decir ‘yo tengo más o menos controlada mi situación, tengo la posesión, pero estoy peleando por los compañeros que no la tienen’. Es un orgullo, porque lo que nos costaba hacer una reunión en la zona de los Bajos. Lo que nos costaba convencerlos a los compañeros, que tenían que hacer 30 kilómetros, que si hoy lo comían a uno mañana iban por el otro, porque así operan los grandes. Yo quiero rescatar la lucha colectiva de estos compañeros, que si uno por ahí se permite decir algo de lo que ha sido esta lucha, me parece que, mínimamente, trajimos a la discusión política el tema de la tierra en esta provincia.”

Campesinos del norte provincial dan testimonio en la Plaza de Mayo.